La abogacía en el 2016

La historia de la abogacía empieza en Grecia y Roma Antigua con los oradores públicos. No eran entrenados en la ley, sino que en la retórica. Tampoco tenían el derecho de colectar una tarifa por sus servicios (aunque esta regla normalmente fue ignorada). Fue durante los tiempos del Imperio Romano, y el subsecuente Imperio Bizantino, que los abogados se convirtieron en una profesión organizada con requisitos de membrecía que incluían el cumplimiento de estudios de nivel universitario en la ley. Después de la caída del imperio romano, la profesión de abogacía casi desaparece. No fue hasta el siglo XIII que la abogacía resurgió de las cenizas en las cortes eclesiásticas de Francia e Inglaterra.
Los ingleses trajeron la profesión a los EEUU. Actualmente, la profesión en los EEUU es gobernado por cada de los 50 estados en su territorio (aunque membrecía en cualquier barra estatal lo califica a uno para poder practicar en cortes federales). Conseguir la membrecía no es fácil. Normalmente requiere 7 años de estudio (cuatro de estudio general y tres de estudio en derecho). Muchos estados también requieren una revisión de antecedentes y (la peor parte) que un estudiante pase el famoso examen de admisión (que normalmente dura dos días completos). Esto es sin mencionar todos los gastos relacionados con aplicaciones y, por su puesto, en tuición universitaria.
Esto debería ser bueno, ¿no? Con requisitos de admisión tan exigente, se supondría que solo los mejores lleguen a ejercer la profesión. Pero todo esto trae gastos sociales. El precio de un abogado es, para la gran mayoría del pueblo, muy caro. Es verdad que hay muchos abogados que trabajaban por organizaciones que proveen servicios legales a precios bajos o que toman casos de forma gratuita, pero estos métodos normalmente solo son para los más pobres y excluyen a gente en la clase media que no califican como de bajo recursos, pero a los cuales pagar $300 la hora por un abogado les sale muy caro.
¿Entonces que se puede hacer? Al momento, es prohibido que un ciudadano normal, sin haber obtenido membrecía en la barra de su estado, de consejo legales. Es un crimen y puede resultar en multas. Esto es parte del problema. Los abogados actualmente no tienen competencia y su profesión está en alta demanda. Las económicas simples nos dicen que, con alta demanda y baja oferta, podrán cobrar más por sus servicios (aunque sus servicios no sean de calidad alta).
Entonces la mejor solución sería inyectar competencia a esta industria. Se debería permitir que cualquier persona pueda ofrecer consejos legales al público. Esto no solo bajaría los precios de los servicios legales (especialmente para las transacciones más simples que no necesitan tanto conocimiento legal como llenando papeles de inmigración o transacciones de bienes raíces), pero también forzaría a los actuales abogados mejorar la calidad de sus servicios para poder justificar el precio más alto que cobran.
Esto no se permite actualmente bajo la justificación que es necesario para proteger al público. Pero los abogados, de todo rango de experiencia, también cometen muchos errores (más de lo que quieren admitir). El consumidor está en la mejor situación de escoger, basado en la complejidad de su problema legal y los recursos que tiene disponible, quien sería más efectivo en ayudarle. Además, la tecnología y las redes sociales ahora son fuentes adecuadas para poder evaluar a consejeros legales.
Relajando los requisitos tendría el efecto de aumentar el acceso a servicios legales. El público estaría más protegido, más seguro y más beneficiado con más acceso que con menos acceso a precios inalcanzables. Es tiempo que la profesión se adapte a las necesidades de los que pretende ayudar.