El 24 de octubre se venció el período para ratificar un préstamo por $30 millones para nuestro país, después de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había aprobado su concesión hace 2 años, con el objetivo de apoyar varias actividades, acciones y proyectos relacionados con el desarrollo de algunos elementos, físicos y humanos, para promover un mejor desempeño en el área de las ciencias exactas y las ingenierías, fomentando la investigación científica y la innovación productiva, y la relación entre ambas.

El período de 2 años para que un país acepte o no un préstamo de esta naturaleza parece un tiempo suficiente para solicitar información, analizar, evaluar, preguntar y aclarar todas las posibles dudas sobre los destinos del empréstito, las formas de controlarlo, y la evaluación de los resultados y el impacto real de las acciones tomadas. Aun así, el plazo estipulado para este fin por el BID a nuestro país venció.

Es verdad que El Salvador ya se encuentra bastante endeudado, y posiblemente algunos préstamos recibidos en el pasado no hayan sido aprovechados de la mejor manera. También se sabe que la mayoría de temas que pasan por la Asamblea Legislativa, o para esos efectos, por cualquier instancia de poder político que tenga vinculación partidaria tiene un alto peligro de ser tomada de una forma polarizada, concediendo el mayor peso para tomar la decisión al origen de la propuesta (si viene o no de una persona o institución ideológicamente afín), o a los efectos publicitarios que puedan tener (de nuevo, si hace lucir bien a una persona o institución políticamente cercana).

Estas razones incidieron negativamente en el impasse para la aprobación de este préstamo, que tiene algunas características que lo separan de otras iniciativas para incrementar la deuda pública de El Salvador.

Un poco de historia

Aunque las universidades salvadoreñas tienen ya varios años de existir, su función principal ha sido tradicionalmente la formación de profesionales y técnicos en diversas disciplinas. Esto es muy importante, por supuesto, pero tradicionalmente la realización sistemática de proyectos de investigación en los centros de educación superior no ha ocupado un sitio especial en las actividades estratégicas de estas instituciones.

De hecho, fue hace apenas 21 años, en 1993, que se fundó en nuestro país el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para atender particularmente las actividades y funciones que permitieran hacer avanzar estos aspectos de manera más continua y sistemática. Este CONACYT dejó de existir en 2013, transformándose en el Nuevo CONACYT (N-CONACYT), con una figura legal distinta, por lo que se puede fijar en 20 años la existencia del organismo original.

Encima de esto, los encargados de crear la instancia autónoma del CONACYT pensaron que la función de coordinar y fomentar las actividades de ciencia y tecnología en el país permitiría actuar con tiempos holgados a los funcionarios que fueran a hacerse cargo, y dieron también al CONACYT las actividades y funciones de supervisar y desarrollar los aspectos relativos a la calidad: metrología, acreditación, normalización y reglamentación. De hecho, en ningún lugar del nombre de CONACYT se hace alusión a los temas de calidad, pero sí en su ley.

El presupuesto destinado a CONACYT, así definido, en todos sus años de existencia, nunca fue mayor de 500 mil dólares anuales, lo que refleja certeramente el grado de apoyo recibido por estas actividades: ciencia y tecnología por una parte, y calidad por otra, en conjunto.

En 2004 se fundó la Red Avanzada de Investigación, Ciencia y Educación Salvadoreña (RAICES) por un grupo de universidades con visión y deseos de incorporar a nuestro país al concierto mundial de investigadores y científicos en todas las disciplinas del saber. RAICES no tuvo el apoyo concreto del gobierno, más allá del reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación de entonces, como la Red Nacional de Investigación y Educación (RNIE) de El Salvador. Esto ha colocado a RAICES en algunos inconvenientes de sostenibilidad, al contar únicamente con el aporte de las instituciones miembros para su subsistencia.

Una primera oportunidad

Países como Costa Rica, Ecuador y otros más lejanos en nuestro continente han contado, y algunos cuentan en forma sistemática y regular, con el apoyo decidido y hasta estipulado en las leyes nacionales, para el fomento y desarrollo de la ciencia y tecnología, invirtiendo en laboratorios, formación de doctores e investigadores, adquisición de equipos, suscripción de acuerdos y convenios con otros países, creación de parques tecnológicos y sitios de desarrollo científico, vinculación con la empresa privada para realizar investigaciones conjuntas, etc.

Como hemos visto, El Salvador no ha contado nunca con un apoyo explícitamente dedicado a los temas de desarrollo científico. Los recursos se dedican a varios destinos, algunos de ellos buscando paliar o aliviar problemas serios, reales y complejos, que afectan en la actualidad a miles de salvadoreños. Eso es necesario y completamente válido.

Por eso es que, cuando surge una primera oportunidad de adquirir un préstamo como el mencionado, que aunque no es muy grande, puede comenzar a hacer la diferencia, y convertirse en un primer impulso a la generación de conocimiento científico en nuestro país, y no toma recursos del quehacer diario, es cuestión de aprovecharlo.

Por supuesto que esa deuda habrá que pagarla, y es de todos los salvadoreños. La diferencia con otros préstamos utilizados para otros propósitos, es que éste tiene la posibilidad en el mediano y largo plazo de generar ingresos y riqueza que puedan ayudar, no sólo a pagar la deuda, sino a colocar a El Salvador en la vía del desarrollo por medio de la generación de conocimiento científico propio y la innovación empresarial usando este conocimiento y habilidades.