El Ministerio de Economía ha comunicado que se encuentra habilitada la consulta pública para una propuesta de “Ley de Firma Electrónica” en el espacio de foros digitales del sitio web de Casa Presidencial. La dirección para inscribirse, descargar la ley, conocer otras opiniones y documentos y participar es http://foros.presidencia.gob.sv/firma.

Como procedimiento de construcción de una ley, ya es una buena noticia que se utilice la tecnología Internet para difundir el documento y recibir los comentarios al mismo. Sería interesante conocer cuántas propuestas de ley han seguido o seguirán, de aquí en adelante, un proceso similar, antes de ser presentadas a la Asamblea Legislativa.

Por coincidencia, en el foro de Gobernanza de Internet, que se celebra en Nairobi en estos días, se ha establecido hay una correlación entre los países que utilizan el comercio electrónico, aquel facilitado por las tecnologías informáticas e Internet, y los que han logrado mayores porcentajes de desarrollo y crecimiento económico. Una ley de firma electrónica es un paso imprescindible para cualquier nación que busque participar en el mercado mundial aprovechando todos los medios disponibles en la actualidad.

Una deuda de varios años

Para El Salvador, la definición legal de la firma electrónica y otros elementos relacionados constituyen una deuda de más de 10 años. En el año 2000 se desarrolló, gracias a la participación de reconocidos despachos de abogados y otros profesionales e instituciones, una primera propuesta de una ley de Comercio Electrónico.

Este documento contenía apartados acerca de firma electrónica, certificados digitales y otros temas, y tomaba como referencia las leyes de otros países, así como la ley modelo en este rubro desarrollada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNDUMI, mejor conocida por sus siglas en inglés UNCITRAL).

A pesar de ser sometida a consulta pública, así como a la revisión de consultores extranjeros contratados para ese fin, la ley no llegó a la Asamblea salvadoreña. Años después fue revisada nuevamente, y algunos temas fueron sacados de la propuesta con el objetivo de lograr mayores consensos y apoyos, para finalmente dejar únicamente lo referente a la firma electrónica. Sin embargo, tampoco logró salvar los filtros y obstáculos en su proceso de desarrollo.

A principios de este año 2011 se retoma el tema, y después de procesos internos de revisión y consulta en el gobierno, se presenta públicamente una nueva propuesta, basada en las anteriores así como en las legislaciones de otros países, que pretende definir este tema tan importante para nuestro comercio electrónico y otros procedimientos que se pueden ejecutar por los medios digitales, cada vez más diseminados.

Nos estamos quedando atrás

Muchos países cuentan desde hace varios años con legislaciones en los aspectos que rigen las transacciones comerciales, judiciales, tributarias, entre otras, lo que les faculta para sostener relaciones con mejores garantías de protección de sus inversiones e intercambios de información y dinero.

Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, España, Venezuela, Panamá, así como las naciones de la Comisión Económica Europea, Canadá y Estados Unidos, entre muchos otros, cuentan desde tan temprano como 1995 con sus respectivas leyes de firma electrónica y/o comercio electrónico.

La redacción, revisión y eventual aprobación de leyes como la que hoy nos ocupa, en las que se entrelazan temas de tecnología informática y definiciones y acuerdos legales, se convierten en elementos que pueden definir el nivel de avance de un país, así como sus perspectivas en el concierto mundial.

La ley de firma electrónica de 2011

La propuesta bajo revisión puede descargarse del mismo foro de discusión, y contiene algunos elementos que definen las particularidades salvadoreñas, así como las generalidades de cara al mundo.

Por ejemplo, la ley establece que la autoridad pública en la que residirán varios procesos vinculados es la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, SIGET. Esto supone que dicha dependencia deberá contar con la capacidad legal y técnica, en recursos humanos, programas y equipos, para realizar acciones como la acreditación de los proveedores de servicios de certificación electrónica.

La protección de la privacidad de los datos personales que deben ser almacenados por las entidades que certifican que una persona es quién dice ser, avalando su firma electrónica, es otro elemento que la ley contempla. Esto es un buen principio y antecedente para reforzar, en los respectivos códigos y reglamentos, el resguardo de la información personal de cada ciudadano.

Se establece la equivalencia funcional entre la firma que hacemos normalmente en un papel o documento físico y la firma electrónica certificada, e incluso la posible admisión de la firma electrónica simple. También queda establecido el valor probatorio de dicha firma. Estos conceptos, necesarios en leyes de esta naturaleza, son un parte aguas respecto a las ideas tradicionales que han perdurado por años.

De acuerdo a esta ley, similar a cualquier ley de firma electrónica en otros países, La firma electrónica certificada tiene los siguientes efectos:

a) Vincula un mensaje de datos con su titular de manera exclusiva;

b) Permite la verificación inequívoca de la autoría e identidad del signatario;

c) Asegura que los datos de la firma estén bajo control exclusivo del signatario;

Los aportes son bienvenidos

Hay más apartados en la ley, y conviene que las empresas y personas interesadas los revisen y comenten públicamente, de forma que se pueda alcanzar un consenso que haga más fácil su aprobación en la Asamblea Legislativa.

No solamente se abre la puerta a mayores y mejores relaciones comerciales con el mundo, sino también es posible pensar en nuevas posibilidades de negocios, más acordes con los tiempos y las demandas contemporáneas.

Se ha dado un nuevo impulso a esta ley. Es conveniente que lo aprovechemos, y cumplamos con esta deuda de largo tiempo con nuestro país.

En una misión de largo plazo, y gracias a la cooperación de Corea con El Salvador, se encuentra laborando desde julio de 2011 en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de nuestro país el doctor Wonseok Hwang, consultor voluntario “senior”, experto en el desarrollo de empresas de tecnología de información y comunicaciones.

El doctor Hwang desarrolló una primera reunión con representantes de algunas universidades del país, para compartir ideas sobre la posibilidad de desarrollar una industria de fabricación de componentes para dispositivos electrónicos, y de esa forma ser parte de la cadena de valor del sector de la manufactura tecnológica que ha llevado riqueza y desarrollo a países como la nación de la que es originario el doctor Hwang.

Desde que se desarrolló y perfeccionó el concepto de la producción en serie y la separación en partes y etapas de fabricación de la mayoría de productos, se logró obtener los niveles de eficiencia y productividad que hacían rentable la industria manufacturera. Los bienes más sofisticados y complejos requieren varios niveles de agregación de valor al producto en proceso, desde la conversión de las materias primas hasta el ensamblaje del producto terminado.

El punto de partida de la argumentación es el cambio de paradigma que ha venido sucediendo en los años recientes en la cadena de valor de la industria electrónica: ninguna empresa y ningún país puede fabricar todos los componentes de un producto, y es necesario una distribución del trabajo y una especialización en la manufactura de las partes.

Algunos países extraen y procesan las materias primas, las exportan a los países que se encargan de transformar estas materias en partes o componentes primarios. Estas empresas o países, a su vez, consolidan, ensamblan y prueban estos componentes primarios, dando paso a componentes secundarios, módulos o subsistemas hasta que, finalmente, los fabricantes de productos terminados completan el proceso.

Experiencias en El Salvador

Si nos limitamos a la industria de dispositivos electrónicos, como una industria de alto rendimiento económico por la dosis de tecnología empleada, en el país han existido experiencias y planteamientos estratégicos en el pasado.

Por ejemplo, las fábricas de la empresa Texas Instruments, Inc. que operaron en el país hasta 1985 producían circuitos integrados, reguladores de voltaje y otros componentes electrónicos de sofisticada y compleja elaboración, que cumplían estándares internacionales, mantenían niveles de calidad comparables a las de los países más avanzados y se vendían a los fabricantes de productos terminados, tales como computadores, aparatos de medición, dispositivos, etc.

La empresa AVX Industries, en la zona franca San Bartolo, se mantiene fabricando capacitores cerámicos y de tantalio, entre otros productos, exportando estos bienes y habiendo recibido reconocimientos internacionales como planta independiente en normas CECC 30000 (Europea), lSO 9000 y QS 9000 (norma para la industria automotriz norteamericana).

Planteamientos estratégicos

Asimismo, hemos desarrollado planteamientos estratégicos que podrían habernos orientado hacia el logro de los objetivos de posicionamiento a nivel mundial como un país que es capaz de producir exitosamente partes, componentes y módulos en los mercados secundarios de fabricación.

Por ejemplo, la Política Nacional de Informática, elaborada por el Comité Nacional de Informática y aprobada por el CONACYT en 2000, establecía como su segunda gran línea estratégica: “Estimular el desarrollo de empresas dedicadas a la producción con calidad mundial de productos y/o servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como propiciar alianzas estratégicas con empresas extranjeras del sector enfatizando la transferencia de tecnología”. Para lograrlo, se proponían 4 líneas de trabajo:

1. Promover leyes y programas de apoyo que estimulen la creación de empresas de Tecnologías de Información y Comunicaciones y la producción y comercialización de productos y servicios informáticos.
2. Promover la creación de políticas de incentivos especiales para inversionistas del sector de Tecnología de información y/o Comunicaciones.
3. Garantizar a las empresas de alta tecnología que se instalen en El Salvador, condiciones económicas y fiscales estables y favorables.
4. Identificar y promover el desarrollo y/o adopción y aplicación de estándares internacionales en los productos y servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones, tanto para el mercado local como para el de exportación.

Más recientemente, en 2006, el Programa ePaís, formulado por los varios sectores reunidos en la Comisión Nacional para la Sociedad de la Información, fue menos ambicioso en este campo, y se limitó a insinuar tímidamente este sector, por medio de dos objetivos dentro de la línea estratégica de Industria TIC:

• Establecer un ambiente atractivo para la inversión extranjera directa en empresas de TIC
• Desarrollar una Industria de TIC competitiva con un enfoque al mercado externo.

Factores clave

El cambio de paradigma incluye el crecimiento en la actualidad de la industria de partes y componentes, el decremiento de la industria de ensamblaje y el surgimiento de una importante industria de distribución de los productos a nivel mundial.

Si a nuestro país le interesara desarrollar un segmento y un posicionamiento dentro de esta cadena de alto valor económico, al menos deberíamos considerar los siguientes factores clave:

• Ponernos todos de acuerdo en éste y otros objetivos comunes: Revisar nuestros planteamientos estratégicos y ratificarlos, ajustándolos a la situación actual y buscando un compromiso real de todos los sectores.
• Formar verdaderos clústers industriales: En el concepto de Michael Porter, los clústers industriales son alianzas y trabajo coordinado del sector privado, el gobierno y la academia. Este tipo de clústers podrían tener esperanzas de obtener resultados.
• Buscar un aliado inversionista con trayectoria en el mercado: El campo de la alta tecnología o la manufactura de componentes electrónicos no puede iniciar de cero. De decidir entrar a este campo, nuestro debería buscar alianzas y prestaciones especiales para atraer la inversión de una corporación o maraca consolidada en el mercado mundial, ofreciendo las mejores condiciones para poder establecer una planta de componentes intermedios en el país, con la experiencia y tecnología de empresas con largo historial en el mercado.

El pasado 21 de julio, la Asamblea Legislativa aprobó, después de varios meses de discusiones, modificaciones y argumentaciones, la nueva “Ley de Creación del Sistema Salvadoreño para la Calidad”. Esta ley deroga y reemplaza en varios aspectos y artículos a la Ley que ampara al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en todo lo relativo a la definición, supervisión y ejecución de los procedimientos que sirven para asegurar la conformación de la calidad en los productos y servicios que se producen y/o se comercializan en el territorio nacional.

Hasta la fecha, y desde su creación en julio de 1992, la entidad responsable por los temas de calidad en nuestro país es el CONACYT, debido a que, en el momento de su creación, tanto la responsabilidad sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como la vigilancia y el control de la calidad de bienes y servicios se hallaban carentes de una entidad que definiera las políticas nacionales para El Salvador.

La intención de esta ley es especializar más el estudio, desarrollo y aplicación de las normas, la acreditación, la reglamentación técnica y la metrología; ampliar el desarrollo de capacidades profesionales de los técnicos; y fortalecer los recursos materiales, financieros y humanos de las entidades que se encargarán a partir de la vigencia de la ley de los temas de calidad en el país.

Los nuevos organismos de calidad

Las funciones relativas al cuidado de la calidad en nuestro país se mantienen fundamentalmente tal como se vienen ejecutando hasta el día de hoy. Lo que cambia es la definición, estructura y adscripción de las entidades que deben definir el rumbo estratégico y dirigir la ejecución de las actividades que se realizan para desarrollar esas funciones.

En su artículo 2, la nueva ley establece los componentes del Sistema Salvadoreño para la Calidad (SSC): El organismo superior es ahora el Consejo Nacional de Calidad, que será el ente rector del Sistema. Existirán cuatro organismos rectores especializados: El Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), el Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica (OSARTEC), el Organismo Salvadoreño de Acreditación (OSA), y el Centro de Investigaciones de Metrología (CIM); adicionalmente se creará la Oficina Administrativa del Sistema Salvadoreño para la Calidad (OAC).

Adicionalmente, según la ley, formarán parte del SSC las entidades públicas y privadas, acreditadas y otras que funcionen con autorización del Estado, que desarrollen actividades relacionadas con normalización, reglamentación técnica, acreditación, metrología, certificación, inspección, vigilancia, pruebas o ensayos.

La creación de un “Sistema de Calidad” es un paso importante respecto a la conformación actual, pues atendiendo a la definición de un sistema, se tratará de una configuración multisectorial con una coordinación y ejecución estructurada, de forma que haya unidad de objetivos y reducción de multiplicación innecesaria de consumo de recursos.

El Consejo Nacional de Calidad estará conformado por 9 funcionarios (de alto nivel) del sector público, 2 representantes del sector productivo, 1 del sector profesional, 2 del sector académico (1 de ellos de la Universidad de El Salvador), 1 de las ONG vinculadas a la defensoría del consumidor, 1 del sector científico y tecnológico, y los directores de los 4 organismos rectores (con voz pero sin voto), para un total de 20 personas, 16 de éstas con capacidad de decisión.

Las Comisiones Directivas de cada organismo estarán conformadas de la siguiente manera:

• OSN: El director técnico, 5 representantes del sector público, 1 de las asociaciones, 1 del sector productivo: total 8 personas.
• OSARTEC: El director técnico, 7 representantes del sector público: total 8 personas.
• OSA: El director técnico, 4 representantes del sector público, 1 del sector productivo: total 6 personas.
• CIM: El director técnico, 4 representantes del sector público, 1 de la UES, 1 del sector científico y 1 de los laboratorios acreditados: total 8 personas.

Un legado importante

Después de 19 años de realizar estas funciones, y a pesar de haber contado con un muy limitado presupuesto, el CONACYT ha logrado un importante desarrollo en el tema.

A través de su departamento de Normalización, Metrología y Control de Calidad, CONACYT mantiene presencia y participación en foros y organismos mundiales vinculados a la calidad, tales como la Organización Internacional para la Normalización (International Organization for Standardization – ISO), el Sistema Interamericano de Metrología (SIM), la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (American Society for Testing and Materials – ASTM), el Codex Alimentarius, y otros.

Existe ya una amplia experiencia en la formulación, adopción, discusión y aprobación de normas y reglamentos técnicos (recomendadas y obligatorias), logrando convocar a los sectores productivo, académico, público y de protección al consumidor, para conformar los Comités Técnicos de Normalización, quienes generosamente aportan su tiempo y experticia para desarrollar estas pautas de calidad de alcance nacional e internacional.

Por ejemplo, de acuerdo a la Memoria de Labores 2010, durante ese año se trabajaron 30 normas y reglamentos técnicos en las áreas de alimentos, salud, energía, metrología, turismo, medio ambiente, construcción y evaluación de la conformidad. En ese año también se participó en las reuniones de trabajo de al menos 10 reglamentos técnicos centroamericanos.

En el mismo año 2010, CONACYT acreditó o renovó la acreditación de 212 ensayos en 10 laboratorios nacionales, cumpliendo con su obligación de evaluar la conformidad de laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, organismos de certificación y organismos de inspección. Existe una red de 21 laboratorios acreditados en el país, que se someten periódicamente a revisiones, auditorías y evaluaciones, realizadas por CONACYT, para garantizar el cumplimiento de normas internacionales en sus procesos.

A través del Laboratorio Nacional de Metrología Legal, el CONACYT brinda trazabilidad a los usuarios mediante la calibración de patrones y equipos de medida. Más sobre este tema en la entrada de este blog “¿Qué es la Metrología y para qué sirve?”.

La sucesión de la responsabilidad

El trabajo, experiencia y resultados alcanzados por el personal técnico y profesional del departamento de Normalización, Metrología y Control de Calidad de CONACYT es un activo en extremo valioso e importante para que el nuevo Sistema Salvadoreño para la Calidad pueda cumplir sus objetivos, que benefician ampliamente a El Salvador, al permitirnos elevar y mantener la calidad y, por tanto, la competitividad, de nuestros productos y servicios, ante el mercado mundial.

La ley recientemente aprobada reconoce y aprovecha este hecho, al preservar el bagaje y cúmulo de experiencia y excelencia que nuestros profesionales de la calidad han ganado. Esperamos que el apoyo, tanto financiero como estratégico, se incremente hacia estos nuevos organismos rectores, permitiendo así continuar mejorando el legado y la estafeta que el CONACYT entregará al Sistema Salvadoreño para la Calidad.