Análisis
REFORMA MIGRATORIA
La frontera EUA-México
La discusión por la reforma migratoria es, ahora, una especie de ajedrez en Washington: el movimiento de una sola pieza puede cerrar el tablero, al menos en el senado. Esa pieza suele cambiar de nombre y, sin variación, suele vestir la camiseta del partido republicano, obligado por razones electorales a encontrar un balance entre una base ultraconservadora que rechaza la legalización de 11 millones de indocumentados y la proyección estadística según la cual a partir de la última elección -2012- será imposible que alguien se siente en el salón oval de la Casa Blanca sin un respetable apoyo del voto latino.
La primera pieza fue Marco Rubio, el joven y ambicioso senador cubano-americano de la Florida a quien ya el ruido mediático además de algunas fanfarrias provenientes del mismo partido republicano proclaman presidenciable para el 2016. Rubio, entre otras cosas, marcó la frontera entre el Tea Party, ese amorfo movimiento ultraderechista que creció como espuma en la legislativa de 2010 bajo las banderas de la disciplina fiscal a ultranza y, sí, el tic antiinmigrante, y el liderazgo republicano tradicional.
Cuando se unió al grupo bipartidista de senadores que han impulsado la reforma desde el amanecer de 2013, Rubio tomó la estafeta republicana en el tema de manos del veterano John McCain y se convirtió en el pivote. Sin Rubio, decía un editorial del New York Times en marzo, la reforma será muy difícil. Pues Rubio firmó y, con impresionante cálculo político, ha sabido navegar las turbias aguas de la intransigencia marcadas por la extrema derecha en su partido y esa necesidad insoslayable de entregar algo a los latinos.
Vino luego, con menos pompa pero acaso con mayor relevancia en el pasillo de la cámara alta, el turno de Orrin Hatch, un Senador de Utah miembro del comité judicial del senado –de donde el proyecto de ley salió casi intacto el mes pasado- al que el grupo de los 8 aceptó una enmienda relacionada con el techo de visas para trabajadores de baja calificación; tema delicado: un mal paso en el comité podía dar al traste con el acuerdo al que habían llegado, semanas atrás, la Cámara de Comercio y los sindicatos estadounidenses sobre el número de visas a conceder. En 2006-2007, la falta de acuerdo en ese punto dinamitó la reforma impulsada por McCain y Ted Kennedy, quienes entonces contaron con el entusiasta apoyo de la Casa Blanca de George W. Bush. En esta ocasión, ese escollo está superado; la concesión a Hatch terminó siendo clave.
Senador John Cornyn, foto tomada del sitio del Senado de los Estados Unidos
La última pieza en movimiento, esta semana, ha sido el senador de Texas John Cornyn, quien propuso una enmienda a la propuesta S. 774 -el nombre oficial de la reforma- según la cual el gobierno de Estados Unidos debe, antes de iniciar la legalización de 11 millones de indocumentados, cumplir cuatro requisitos relacionados con la seguridad fronteriza:
- Monitoreo del 100% de la frontera sur de los Estados Unidos.
- Completo control operativo: detener al 90% de los indocumentados que entran por la frontera sur.
- Sistema biométrico de salida operativo (toma de huella digitales y fotografía a la salida de aeropuertos).
- Verificación electrónica, a nivel nacional, de la legalidad de los empleados en empresas públicas y privadas.
Los puntos 3 y 4 no parecen ser problemas: el sistema biométrico, según analistas, es una cesión que los demócratas están dispuestos a hacer, y la verificación electrónica ya está contemplada en el proyecto del grupo de los 8.
El punto 1, dice una asistente legislativa del partido demócrata en el senado, es irrealizable: “Jamás podrás monitorear toda la frontera. Es imposible. Es una trampa: intentarlo requeriría miles de millones de dólares que el congreso, los republicanos mismos, no van a aprobar”.
Sobre el punto 2, Doris Meissner, ex asesora de Bill Clinton y hoy directiva del influyente Migration Policy Institute, ha dicho que es un tema político, destinado a satisfacer la agenda de los grupos más conservadores del partido republicano. Una ex asesora demócrata del senado agrega: “Cuántas deportaciones son suficientes. Obama ha superado todos los récords. Quienes acuden al tema de la frontera no tienen interés en aprobar la reforma, simplemente quieren matar la ley poniendo condiciones que saben son imposibles de cumplir”. Según esta asesora, la negociación del grupo de los 8 con Cornyn será vital: “si logran llegar a un punto de aceptación en el tema de seguridad fronteriza, que no implique que condiciones irreales se cumplan antes de empezar los procesos de legalización, entonces la ley saldrá saludable del senado y tendrá una gran oportunidad en la cámara baja. Si no hay acuerdo con Cornyn y las condiciones irrealizables de la frontera se imponen, tendrás una ley que no se podrá cumplir, es decir, el camino a la legalización no empezará nunca.”
Hay un lugar común entre analistas en Washington y es como sigue: hoy el anteproyecto que dará vida a la reforma migratoria tiene más posibilidades de salir aprobada del senado con una mayoría saludable –no abrumadora-, que incluiría a un buen número de republicanos conservadores provenientes de estados fronterizos con México capaces de influir en legisladores de menor rango en ambas cámaras para que den el sí a la reforma. John Cornyn, el texano, parece ser la pieza más importante en ese tablero por ahora. Dos datos: Cornyn es considerado un hombre que opera dentro del sistema tradicional del partido, por lo que podría ser susceptible al llamado de no alienar a los potenciales presidenciables y, más importante, Cornyn es de Texas y ahí el clan Bush, con Jeb -el hermano de George W. y ex gobernador de Florida- con aparentes ambiciones presidenciales y una agenda pro-migrante, puede aún echar mano de su influencia.
Si la pieza Cornyn se mueve a favor de la S. 744 es posible, dicen dos asistentes legislativos consultados, que la ley salga del senado con 70 votos a favor -60 es el mínimo para la aprobación-, lo cual haría más fácil el camino en la cámar baja, pero esa es otra historia…
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