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Se esta poniendo las pilas el Presidente Funes en combatir la delincuencia?

Cree Ud. que el Presidente Mauricio Funes empieza a ponerse las pilas para crear mas seguridad y paz para los salvadorenos?  que deberia hacer para combatir la DELINCUENCIA?

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DERECHOS HUMANOS DE LOS CENTROAMERICANOS EN MEXICO

Hablo el Sr. Juan Jose Garcia (Vice Ministro de los Salvadorenos en el Exterior) sobre la violacion de los derechos humanos de los salvadorenos cuando cruzan teritorio Mexicano? en su visita a Los Angeles, CA.

Lea el siguiente articulo publicado por La Opinion (el periodico mas grande en espanol de Estados Unidos):

MÉXICO, D.F.— Más de 20,000 extranjeros víctimas de delitos como secuestros, extorsiones, violaciones sexuales, robos y trata de personas fueron repatriados en el último año por el Instituto Nacional de Migración (INM) sin el beneficio de una visa humanitaria que les permitiría exigir justicia.

Esto ocurre a pesar de que el país ha firmado al menos tres tratados internacionales en los cuáles garantiza el acceso a la justicia sin distinción de raza, nacionalidad, filiación política o religiosa, denunciaron organismos de derechos humanos.

Jacinto M., un nicaragüense de 46 años, fue deportado aún cuando documentó haber sido golpeado y quemado en varias partes del cuerpo durante un secuestro multitudinario en Coatzacoalcos, Veracruz, donde también fue testigo de maltrato a otros 12 indocumentados, uno de los cuales murió por los golpes asestados por sus captores.

Mirna Moreno, una salvadoreña de 27 años que fue violada por un supuesto militar cuando cruzaba los fangosos campos chiapanecos, lleva casi un año esperando su visa en un refugio de la Iglesia Católica en Oaxaca: las autoridades piden que los testigos hagan una segunda narración, pero estos ya regresaron a sus lugares de origen.

Una joven guatemalteca de 20 años ni siquiera fue atendida por el Instituto Nacional de Migración (INM) después de que estuvo sometida a sesiones pornográficas que videograban los hombres que la habían raptado en Ixtepec, Oaxaca, con el fin de presentar las cintas en el mercado negro como «novedad».

Los casos ventilados por luchadores sociales son parte de un listado que documenta la violación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

«La normatividad que existe en México para poder apoyar a los migrantes víctimas del delito en México se encuentra regulada desde 2007 en un oficio de buena voluntad», dice Maurcio Farah, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). «Ni siquiera en una norma, en un reglamento, mucho menos en una ley».

Una manera muy sutil para negar la visa que incluye además ambigüedades y trampas legales, como los artículos 67 de la Ley General de Población y 201 de su reglamento que obliga a todas las autoridades a exigir un comprobante legal que permita a los extranjeros la estancia en el país y, en caso de que estos no puedan acreditarlo, están obligados a poner a tales personas a disposición del INM.

Esto implica que si un migrante acude a denunciar lo ocurrido en su perjuicio, está consciente de que muy probablemente será puesto a disposición de la autoridad migratoria y devuelto a su país.

La consecuencia es obvia: durante el 2008, las autoridades migratorias reportaron que sólo 48 indocumentados presentaron la denuncia correspondiente al delito del que fueron víctimas y de ellos únicamente 35 fueron protegidos.

La cifra contrasta con un reporte de la CNDH que contabilizó de septiembre de 2008 a febrero de 2009, por el delito de secuestro, 9,758 víctimas migrantes, principalmente centroamericanos, pero también de Ecuador, Brasil, Chile, Costa Rica y Perú.

«Se calcula que al año hay alrededor de 20,000 plagios de este tipo», señala el documento.

Los testimonios de migrantes coincidieron en que sus captores ejercían violencia para someterlos. Entre otras agresiones, los amarraban de pies y brazos, los amordazaban, les tapaban los ojos, los drogaban o los quemaban en alguna parte del cuerpo.

También violaron a mujeres delante de sus esposos y asesinaron con pistolas y a golpes a algunos de los plagiados. Aún así, pocos denunciaron.

Farah explica que la falta de interés se debe, en parte, a que la mayoría de los indocumentados no conoce sus derechos o se ha dado cuenta de que en las fechorías participan autoridades tanto del INM como policías estatales, federales y municipales o hasta militares.

Esta institución dependiente de la Secretaría de Gobernación se abstuvo de responder los cuestionamientos de este diario.

En otros casos, el gobierno apresura los trámites para sacarlos del país. El Departamento de Estado del gobierno de EEUU señaló en su informe 2009 que si bien México ofrece a las víctimas extranjeras de trata de personas una alternativa legal temporal a su repatriación; la mayoría continuaron siendo deportadas dentro de un período de 90 días. Sólo tres recibieron visas humanitarias el año pasado.

Se suma el inconveniente de que no se ofrecen las condiciones necesarias para que se queden en el país sin acoso, sin agresiones, en un refugio con atención médica y psicológica en tanto se hace justicia.

En enero pasado, 189 centroamericanos rescatados por el Ejército en una casa de seguridad de la fronteriza Reynosa, Tamaulipas, fueron llevados a la estación regional del INM donde sólo había cupo para 60 y no contaba con servicios sanitarios. Fueron deportados dos días después sin recibir la opción de la visa humanitaria.

«La Iglesia ha tenido que intervenir para dar casa, comida, alimentación y transporte y hasta persuadirlos para que denuncien», señala el cura Alejandro Solalinde, encargado de la región sur en la Pastoral de la Movilidad Humana.

«Los migrantes tienen todo en contra: en tres años que tengo con el albergue en Ixtepec, ninguna de las 30 demandas penales interpuestas por los jóvenes que he llevado al Ministerio Público ha sido resuelta», agrega.

Los activistas de derechos humanos reclaman al gobierno mexicano coherencia entre el respeto que exige para sus migrantes en Estados Unidos y lo que ofrece en su territorio.

«Cómo podemos exigir si aquí estamos viendo que hay una barbarie. Es una aberración», reclama el presbítero Luis Ángel Nieto, de la organización Nuestros Lazos de Sangre, quien secundó con éxito la defensa por la regularización de más de un centenar de centroamericanos en Los Ángeles.