Aunque no se trata de una carrera, en algunos temas se vale comparar, sobre todo con los países vecinos, dado que tienen un ambiente similar al nuestro, el estado actual de nuestra legislación, particularmente en temas relativos al comercio electrónico.
Es un hecho que en la región de Latinoamérica y el Caribe, si hacemos un recuento de los países que cuentan con leyes de firma electrónica, tomando este dato como un indicativo del grado de interés y comprensión de sus legisladores sobre el tema del intercambio de bienes y servicios por dinero, en forma digital y por medio de la red, hay pocas naciones que aun no entran en esta dimensión del comercio internacional.
Particularmente, hay 33 países que reportan algún tipo de legislación: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía
En la misma región, hay solamente 7 que aun no tienen dicha legislación: Cuba, El Salvador, Guyana, Haití, Surinam, Dominica, San Cristóbal y Nieves.
Si afinamos aun más, de toda la región centroamericana, el nuestro es el único país que no tiene este tipo de leyes, y no es por falta de propuestas.
¿Falta de interés o de comprensión?
Probablemente nuestros legisladores subestiman la importancia de leyes que, como la firma electrónica y protección de datos, entre otras, pueden tener en los modernos estados de derecho. Quizá consideran que, dado que nuestro país no es de los que están en la vanguardia de desarrollo tecnológico y que, por otro lado, nos aquejan una serie de situaciones adversas que también deben ser resueltas, podemos esperar algunos años para que en realidad necesitemos estas leyes, políticas y reglamentos.
Si ese es el caso, lo que se está perdiendo de vista es la estrecha relación que existe entre la forma de hacer negocios en la actualidad y la posibilidad de seguir generando ingresos monetarios para el mismo estado y sus ciudadanos, lo que a su vez puede permitir que un país se desarrolle y logre contrarrestar sus otros preocupantes y prioritarios problemas.
Otra posibilidad es que las propuestas que se encuentran en las mesas de discusión de las comisiones de los diputados se consideran mejores prospectos para negociar que las relativas a los temas de Internet y uso de tecnologías digitales para otras actividades.
Aun más, puede que sean algunos temas puntuales dentro de las propuestas los que no logran el consenso o la mayoría de las voluntades.
El tren del desarrollo nos está sobrepasando
Cualquiera que sea la razón, el hecho es que ni el resto del mundo ni el avance tecnológico y cultural en estos temas nos está esperando, y mientras las propuestas de ley reposan en bibliotecas y escritorios, las demás empresas y naciones se encuentran haciendo negocio y creando vínculos con productos y servicios alternativos a los que podemos ofrecer.
Internet ha desarrollado el comercio electrónico de una forma insólita. Gracias a esa conectividad propagada en el mundo, el comercio es global, sin límites de tiempo y espacio. El límite para el desarrollo del comercio electrónico está dado por las capacidades técnicas para ofrecer el intercambio y el mercadeo de los productos y los servicios; las posibilidades del fraude y la limitación aumentan proporcionalmente a la incidencia del comercio electrónico en la economía de un país; y los acuerdos y convenciones internacionales de facilitación de comercio dependen de la seguridad de los intercambios.
Por su parte, los consumidores (personas y empresas) se preocupan por el destino de sus datos, solicitan un mejor estándar de tutela, no dan información de forma tan abierta a quien lo requiera, no tienen confianza en el procesamiento de datos que dan los administradores de páginas web, administradores de negocios y negociantes de listas de comercio, y tienen el criterio de que las disposiciones sobre seguridad en las transacciones son dolosamente incumplidas por quienes participan en el comercio.
Estos son algunos de los efectos que las leyes relativas al comercio electrónico buscan homologar entre los países, para incrementar la confianza de los negociantes y empresarios.
Las transacciones con el gobierno, por medio de las tecnologías digitales, también pueden verse afectadas, pues la validez y garantía de documentos y operaciones realizadas por los ciudadanos y empresas con sus gobiernos se ve reducida al no contar con la posibilidad de firmarlas electrónicamente.
La situación debe cambiar pronto en El Salvador, bajo el riesgo de que nuestra brecha con otros países que participan en los mismos mercados, se haga cada vez más grande y más difícil de superar algún día.
