Las leyes nacionales e internacionales, así como las políticas públicas, por definición, deben buscar como objetivo final el bienestar y el interés público, y si bien este concepto es bastante discutido y hasta un poco subjetivo, hay aspectos mínimos y comunes entre las naciones.
Por ejemplo, las leyes que favorecen la competencia entre las empresas que ofrecen servicios o productos similares buscan garantizar que se dé una competencia abierta, justa y equitativa, que en última instancia sea conveniente a los ciudadanos, los consumidores. Estas leyes no pretenden proteger a los productores pequeños o emergentes, o impedir el crecimiento de la cuota de mercado de las empresas grandes.
El desarrollo de las empresas en la economía digital, por sus características particulares del medio, las habilidades y el conocimiento de los consumidores que el registro, almacenamiento, y procesamiento de grandes cantidades de datos a costos muy reducidos, ha creado nuevos retos para los legisladores y los defensores del interés público.
El rol de las leyes de competencia
Tradicionalmente, las leyes que buscan proteger el ambiente económico para favorecer una competencia conveniente para los consumidores previenen situaciones como:
* Acuerdos entre empresas independientes y competidoras para controlar precios, nivel de oferta, temporadas, escasez provocada y otros elementos de una colusión indebida.
* Dominio preponderante del mercado por una empresa, y abuso de esa posición dominante, conocido también como monopolio.
* Compras, adquisiciones y fusiones entre empresas en un mismo sector que pueden provocar una concentración de poder de mercado en pocas manos.
Sin embargo, como parte de la dinámica que ocurre en el ambiente digital, y las grandes empresas que prevalecen en dicha economía, hay algunas características que hacen difícil la aplicación obvia de estas previsiones.
* Pueden existir acuerdos no escritos entre competidores, o por medio de terceros, que modifican en tiempo real los precios de acuerdo a la situación, las otras ofertas, utilizando inteligencia artificial, minería de datos y análisis de tendencias, volviendo difícil comprobar la comisión de un acto ilegal.
* Aunque se perciba el dominio en el mercado de uno de estos servicios masivos, no es sencillo comprobar que hay un abuso de esa posición, ya que la mayor parte de servicios ofrecidos al público son incluso gratuitos.
* Cuando una empresa gigante adquiere una empresa emergente o start up, es muy difícil anticipar si dicho emprendimiento tendrá éxito, y si realmente contribuirá al dominio del mercado por parte de la empresa adquiriente.
Como estos ejemplos, hay muchas más situaciones que hacen difícil tipificar acciones como delitos en el nuevo ambiente digital empresarial, y ya hay alguna jurisprudencia a nivel mundial, y otros esfuerzos por desarrollar otras legislaciones, por ejemplo en protección de datos, leyes sobre trabajo, o nuevos impuestos. Falta trabajo por hacer.
