En un mundo ideal, pero sobre todo, en una democracia ideal, un elemento clave es que muchos ciudadanos y organizaciones puedan revisar, analizar, preguntar y comentar libremente acerca de cualquier hecho, dato, o información originados en las acciones de los funcionarios y empleados de las instituciones cuyo funcionamiento es financiado por los mismos ciudadanos, a través de sus impuestos.

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) de El Salvador define el sujeto de la misma: “Información pública: es aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial. Dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por éstos a cualquier título”.

Esta ley ha entrado en vigencia en El Salvador en mayo de 2012, y se ha calificado como una de las mejores leyes de esta naturaleza, a nivel mundial. Entre otras cosas, incluye la forma electrónica o digital de administrar, archivar, solicitar y presentar la información pública, respondiendo a la creciente difusión y utilización que ya tienen los medios digitales, y sobre todo Internet, en la población.

El reglamento de esta ley menciona expresamente Internet en varias ocasiones: a) Art 9: los entes obligados deben proveer equipos con acceso a Internet para que el público que acuda a ese lugar pueda acceder a la información y utilizar la interfaz electrónica; b) Art. 25: los entes obligados deben hacer accesible su información a través de sus sitios web; c) Art. 47: los entes deben publicar en el sitio web sus criterios y procedimientos de cuidado y organización de los archivos de la información; d) Art. 50: los formularios para solicitar información deben estar disponibles en el sitio web para los ciudadanos.

Temas pendientes

La ley y su reglamento son, ciertamente, un importante avance en nuestro país. Los oficiales de información ya están en sus cargos, algunos desde varios meses atrás, y otros han llegado a sus puestos de trabajo más recientemente. Algunos de estos oficiales trabajan completamente solos y otros tienen equipos de trabajo con funciones bastante bien definidas. Algunos han recibido un buen número de solicitudes mientras otros tienen una jornada menos exigente.

Sin embargo, se pueden considerar algunos aspectos que deberán ser enfocados y tratados en los próximos meses y años, para lograr obtener los beneficios plenos de esta ley.

Acceso

El nivel de penetración de Internet es aun muy bajo en nuestro país. Es verdad que la cantidad de cibercafés, telecentros y lugares de acceso público han aumentado, así como los celulares que permiten el acceso a Internet, pero aun es bastante limitado. Debe existir un esfuerzo coordinado en esta línea, muy en sintonía con lo que logró Infocentros.

Cultura de acceso a información

En general, aun debemos educar a los ciudadanos sobre las posibilidades, los usos y las implicaciones de contar con el acceso a la información pública. ¿Qué solicitar? ¿Cuándo hacerlo? ¿De qué forma y en qué formato?

Autonomía e independencia de criterio

Por ahora, los oficiales de información de cada institución están en esa institución y se reportan a un funcionario de alto nivel de esa institución. No sabemos aun qué pasará en la práctica si una respuesta dada o una información brindada por estos oficiales a la ciudadanía no es del agrado del titular.

Uso de la información

El destino de los datos o la aplicación de las posibilidades de esta ley no deberían ser utilizados para fines personales, morbosos o alejados de un análisis crítico de la actuación de funcionarios. Por ejemplo, conocer los salarios de algunos empleados puede ser utilizado con propósitos, en algunos casos, hasta criminales.

Privacidad

Como lo establece la ley, además de los datos que deben considerarse confidenciales por razones de estado, también debe respetarse la privacidad de la información personal de los funcionarios y empleados, así como de otros ciudadanos involucrados en estos ejercicios.

Cruce de referencias

Algunos de los análisis más interesantes que podrán generarse de esta ley, para bien de todos, podrán provenir de cruces de variables, parámetros, criterios y fuentes de referencia de los datos, buscando además la comprobación y verificación de la información. Esta será una habilidad que las instituciones analíticas deberán enriquecer y desarrollar cada vez más.

Análisis de la información

En muchas ocasiones, los datos en bruto proveen algunos indicios y oportunidades de mejora, pero la verdadera riqueza de este acceso está en la amplitud de los análisis que se hagan de la misma información. De esta forma, además de los empleados y funcionarios que ya tenían acceso a los datos, más ciudadanos y organizaciones pueden contribuir a ver tendencias, alertas y otras extrapolaciones a partir de la información accesible.

La puerta está abierta, casi literalmente, para que los salvadoreños nos esforcemos por hacer un buen uso de esta nueva herramienta que ya está funcionando en nuestra incipiente democracia. Hay que conocer la ley, nuestros derechos y las obligaciones que ya tienen los órganos e instituciones del Estado para compartir información pública que, hasta hoy, no era tan pública como debía.

Los buenos ejemplos de uso y análisis de esta información deben darse a conocer y servir como modelos para seguir mejorando. Todos debemos estar también atentos a las desviaciones de las intenciones originales que puedan ocurrir, y proponer enmiendas para solventarlas.

Esta ley no debe convertirse en letra muerta, mero simbolismo u objeto de reconocimiento internacional, pero tampoco debe ser una caja de pandora, abierta para seguir alimentando diferencias y altercados de otra naturaleza.