De la misma forma en que la mayoría de leyes han sido creadas para que los países busquen desarrollar y fomentar una convivencia armónica entre los ciudadanos de una región delimitada políticamente, la amplia y creciente propagación de Internet, tanto en cantidad de usuarios como en la variedad de actividades que hacemos usando la red, ha motivado que exista el derecho informático, y se vayan construyendo leyes que protegen o dan forma a los derechos digitales.
Centroamérica es todavía una región en desarrollo, aun comparada con el resto de Latinoamérica, en los aspectos económicos, científicos, sociales y políticos. Sus prioridades son de naturaleza básica, para atender los problemas más apremiantes de sus ciudadanos. Aun así, atendiendo a la paulatina cobertura y utilización de tecnología en estos países, es importante prestar atención a estos aspectos a la brevedad posible.
El estudio “Mapeo de los Derechos Digitales en Centroamérica” (en inglés), desarrollado por Renata Ávila durante 2017, presenta un estado de la situación en los países centroamericanos, respecto a leyes que atienden temas relacionados con la libertad de expresión en Internet y otros derechos digitales.
Estado de algunos derechos
Privacidad, protección de datos y vigilancia estatal
Guatemala: No existe ley de protección de datos, ni institución encargada de esa función, ni es prioridad del congreso.
El Salvador: No existe ley de protección de datos, ni institución encargada de esa función. El sector privado y la sociedad civil están activos en el tema. Las pandillas han provocado incrementar la vigilancia estatal.
Honduras: La ley de protección de datos, que está bastante bien hecha, espera la segunda ronda de aprobación en el congreso. Hay preocupación por adquisición de software para vigilar.
Nicaragua: Cuenta con una buena ley de protección de datos dese hace unos seis años, pero aun no tiene los recursos para promoverla.
Costa Rica: Cuenta con una ley robusta de protección de datos, los jueces y cortes aplican la ley y protegen el derecho a la privacidad en todos los niveles. Se dio un caso importante de vigilancia estatal por parte de un expresidente.
Panamá: Una ley bastante completa y estructurada de protección de datos está bajo discusión.
Cibercrímenes y regulación en ciberseguridad
Guatemala: Está pendiente de suscribir la convención de Budapest. Una ley de cibercrímenes está pendiente de aprobación, pero algunos ciudadanos temen que sea una herramienta para silenciar a la oposición.
El Salvador: No contempla suscribir la convención de Budapest. Cuenta con una ley de cibercrímenes, pero no tiene los recursos para ejecutarla efectivamente.
Honduras: Se aprobó una ley sobre ciberseguridad, diseñada para criminalizar el disenso y criminalizar la expresión en redes sociales. El Ministerio de Defensa Israelí está equipando y preparando al gobierno para combatir el cibercrimen.
Nicaragua: No existen leyes contra el cibercrimen. El gobierno y sector privado educan a los jóvenes en ciberseguridad.
Costa Rica: Ha suscrito y ratificado la convención de Budapest, y está en proceso de adaptar sus leyes y procesos.
Panamá: Fue el primer país en la región en suscribir y ratificar la convención de Budapest, y está en proceso de adaptar sus leyes y procesos. Por la importancia del sector financiero, tienen buenas prácticas y competencias en ciberseguridad.
Libertad de expresión en línea
Guatemala: La libertad de expresión se ha deteriorado. La violencia en línea ha aumentado. La desinformación en línea se ha convertido en un negocio rentable. Está pendiente una problemática ley que regula expresiones en redes sociales.
El Salvador: La desinformación en línea se ha convertido en un negocio rentable, aunque las autoridades investigan estos casos. Hay amenazas contra periodistas en línea y se reportan acciones digitales contra medios.
Honduras: Deterioro creciente y clima hostil contra el disenso en línea. Usando la ciberseguridad como excusa, el congreso aprobó una ley que criminaliza el discurso legítimo.
Nicaragua: Libertad de expresión precaria e incremento de amenazas del Estado hacia activistas en línea. Restricciones a medios digitales y ONG independientes.
Costa Rica: La libertad de expresión es una política de Estado, y todos ejercen y defienden su derecho a expresarse en línea. Hay crecientes discursos de odio sexuales, lo que puede provocar nuevas regulaciones.
Panamá: No hay amenazas directas contra la libertad de expresión, aunque tampoco hay movilizaciones masivas más allá de las conversaciones en línea.
Acceso a Internet y neutralidad de la red
Guatemala: No hay ley de Neutralidad de la Red. Acceso rural a Internet es muy limitado, por varias razones. Está desarrollando un Plan de Nación Digital, y ha firmado un acuerdo con Alianza para una Internet Accesible.
El Salvador: No hay ley de Neutralidad de la Red. El acceso a Internet es bajo. Hay una Agenda Digital por parte del sector privado, y algunos proyectos en Educación para proveer acceso a escuelas y estudiantes.
Honduras: Aprobó y está implementando en una ley de Alfabetismo Digital por tres términos presidenciales para reducir la brecha digital.
Nicaragua: Los esfuerzos por incrementar el acceso a Internet son conducidos por gobiernos municipales, y no hay iniciativas del Ejecutivo.
Costa Rica: Declaró el acceso a Internet como un derecho humano y por tanto, ha mejorado los programas de conectividad y acceso a contenido relevante.
Panamá: Tiene una de las mejores estrategias de acceso universal, con importantes inversiones en banda ancha, que habilitó una serie de puntos de acceso de buena calidad en todo el país.
