El 19 de julio se llevó a cabo la presentación de los resultados de un nuevo diagnóstico sobre el estado actual del gobierno electrónico en nuestro país, esta vez desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por medio de sus consultores de planta, apoyados por personas contratadas para este fin.

Si bien el diagnóstico presentado mostró la situación actual de las acciones que un poco más de 30 ministerios e instituciones del ejecutivo han realizado utilizando las tecnologías de información y comunicación (TIC) para cumplir algunos de propósitos de un gobierno electrónico, acompañado por algunas recomendaciones para el gobierno central, el ejercicio no es el primero que se ejecuta en el país.

Al menos desde 1998, en que se fundó el Comité Nacional de Informática, bajo los auspicios del recién formado CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), este organismo produjo la Política Nacional de Informática, comenzando en El Salvador la reflexión formal y documentada sobre los temas, efecto e incidencia de las TIC en la sociedad en general.

Menos de una década después, culminando en 2006, se prepararon sendos documentos, uno delineando la factibilidad de un gobierno electrónico, apoyado por el gobierno y pueblo de Japón, y otro presentando una agenda digital para todo el país. Ninguno de estos documentos, a pesar del tiempo y esfuerzo de muchas personas, nacionales y extranjeros, fue puesto en marcha.

De la misma forma, más recientemente han existido varios documentos, apoyo de cooperantes y horas de trabajo de funcionarios gubernamentales y colaboradores de la sociedad civil, con similares objetivos.

Coincidencia en la importancia del e-Gob

Si bien en los primeros esfuerzos, los responsables de turno del gobierno salvadoreño no le daban ni siquiera un espacio de mención a estos temas en sus planes de trabajo y estratégicos, más recientemente, al menos el discurso parece haber cambiado. En el gobierno recién pasado, escuchamos al actual presidente de la República, como vicepresidente, decir que “si bien el gobierno electrónico no gana votos, es un proceso que debe ser desarrollado”.

El actual intento proviene de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de la República, por lo que se sabe que cuenta con el apoyo político del más alto nivel. Eso es una buena señal y un posible buen augurio, aunque en su contra obra el tiempo que falta en la gestión de este gobierno, y los recursos que pueda obtener y canalizar hacia este objetivo.

Por tanto, será importante que los encargados directos de esta iniciativa tomen acciones para dejar establecida una forma de trabajo y una estrategia que se pueda ejecutar desde los próximos meses, se involucren a otros actores de la sociedad, y comience a mostrar resultados en el más corto plazo.

Si bien se podría decir que varias de las acciones dentro de un plan de Gobierno electrónico son competencia y están en el ámbito del aparato estatal, y que en cuanto a recursos humanos, materiales y financieros pueden ser recanalizados por una decisión propia del mismo gobierno, sería más conveniente diseñar una forma de trabajo que desde ya busque asegurar la continuidad de las medidas, programas y proyectos que se incluyan en este esfuerzo, con la finalidad de que sean retomadas cuando el siguiente gobierno tome posesión.

Institucionalidad, presupuesto y participación

¿Qué habría que hacer para intentar que esta nueva iniciativa, además de dar resultados reales y concretos, permanezca en el tiempo, y continúe colocando a El Salvador en esta ruta? El apoyo político decidido y consistente es un elemento clave, pero no suficiente. Seguramente los consultores actuales del BID, tal y como lo hicieron otros antes que ellos, propios y extraños, habrán advertido de los aspectos que se requieren.

Aquí podemos identificar al menos tres elementos que consideramos pueden apoyar y contribuir a que ésta no se convierta en otra propuesta más en las gavetas y anaqueles de varias personas.

Institucionalidad: Habrá que trabajar en formar las estructuras, jerarquías y canales organizativos dentro del gobierno para coordinar efectivamente estos esfuerzos. Lo peor que puede suceder es que las voluntades se sigan moviendo en forma independiente y aislada, sujetas a la visión de cada ministro o funcionario de alto nivel de cada entidad en el gobierno.

Presupuesto: Lamentablemente para todo se necesitan fondos y financiamiento continuo, y esto significa, en un país como el nuestro, que además de las cooperaciones extranjeras, que pueden o no aparecer y, sobre todo, mantenerse un tiempo, es necesario autofinanciar con recursos propios los proyectos, esfuerzos y programas. No es suficiente colocarlos en un plan estratégico y esperar que alguien los patrocine.

Participación: empezando por los funcionarios y empleados públicos, pero incluyendo a la sociedad civil, la empresa privada y la academia, todos los actores deben participar en este emprendimiento nacional. Se trata de hacer un gobierno electrónico para que todos los ciudadanos lo usemos, aunque se trate, en este caso, de incidir y transformar la infraestructura y servicios del gobierno.

Si al menos se satisfacen estas tres condiciones, las posibilidades de tener un éxito visible y sostenible en esta transformación del gobierno pueden ser incrementadas significativamente.