Cada cierto tiempo, normalmente a partir de un hecho específico que se convierte en noticia mundial, el debate que comprende conceptos como privacidad, seguridad, propiedad intelectual y lo que está contenido en la nube vuelve a sobresalir.
Fue el caso con Wikileaks y Julian Assange hace un tiempo, y más recientemente el de las revelaciones hechas por el analista Edward Snowden, que aun siguen siendo noticia con implicaciones serias en el plano de la política internacional. En ambos casos, confirmamos lo que ya sabemos, pero que fácilmente olvidamos y tácitamente aceptamos, quizá como un mal necesario: que la información que circula en Internet se vuelve, potencialmente, un elemento público y accesible, sin consecuencias legales ni morales, por agentes externos, ya sean gobiernos o las mismas empresas que almacenan la información.
El tema no es menor, pues para algunas personas se trata de una invasión a la privacidad, lo que es uno de los principios no negociables de la convivencia en países que pregonan e intentan practicar la libertad en todas sus formas. Para otras personas, es un mal necesario y un sacrificio aceptable, a cambio de obtener cierto grado de protección y prevención contra actos de delincuencia y terrorismo que afectan otro de los principios inalienables, como es la vida y la misma libertad.
El presidente de Estados Unidos ha declarado que «no se puede tener cien por ciento privacidad y cien por ciento seguridad», y aseguró que se ha conseguido «el equilibrio adecuado» pese a las comparaciones con el “Gran Hermano”, el mítico sistema que George Orwell vaticinó en su novela “1984”, y que se encargaría de vigilar y analizar las acciones de todos los ciudadanos en el mundo civilizado.
El efecto no es sólo para Estados Unidos
A pesar de que Internet es una herramienta global, aun mucho de lo que ocurre en el ciberespacio está vinculado a Estados Unidos. Muchos de los servidores y espacios de almacenamiento de las grandes empresas proveedoras de contenido en Internet, tales como Google, Facebook, Instagram, Flicker, etc. se encuentran en territorio y jurisdicción estadounidense.
La Ley Patriota, denominada en inglés Patriot Act, es un texto legal promulgado el 26 de octubre de 2001. Fue aprobada por una abrumadora mayoría tanto por la cámara de representantes como por el senado estadounidense después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El objetivo de esta ley es ampliar la capacidad de control del Estado en aras de combatir el terrorismo, mejorando la capacidad de las distintas agencias de seguridad estadounidenses al coordinarlas y dotarlas de mayores poderes de vigilancia contra los delitos de terrorismo. Esta ley ha sido duramente criticada por diversos organismos y organizaciones de derechos humanos, debido a la restricción de libertades y garantías constitucionales que ha supuesto para los ciudadanos, tanto estadounidenses como extranjeros.
Todos los países tienen la facultad de establecer sus propias leyes y normas de comportamiento. Por la razón que sea, hay muchos países que prefieren privilegiar las libertades de sus ciudadanos y se oponen rotundamente a cualquier tipo de vigilancia digital. Sin embargo, la nube en la que se encuentran los mensajes de correo que administra Gmail, Hotmail o Yahoo!, las cuentas de Facebook, las imágenes que están en Flicker e Instagram, entre otras, está compuesta por esos equipos servidores que se encuentran físicamente en territorio estadounidense y, por tanto, sujetos a la ley Patriota.
¿Quiénes están expuestos?
Por la ubicación de estos equipos servidores, la ley Patriota y otros reglamentos y ordenanzas, así como las sentencias de los jueces de Estados Unidos pueden afectar los repositorios de información y datos de ciudadanos de prácticamente todo el mundo.
En la práctica, esto significa que nuestros mensajes de correo y los documentos que colocamos en Google Docs, en Dropbox, o en Office 365, por ejemplo, pueden ser tomados, analizados y utilizados por terceros, sin previo aviso y sin posibilidad de reclamo o demanda legal de nuestra parte. Al menos debemos estar conscientes de esta realidad, y saber qué tipo de documentos, datos e información colocamos en todos estos depósitos en la nube.
Regiones y países como Europa y Brasil, por ejemplo, han echado a andar o están desarrollando legislaciones propias que intentan prevenir esta inminente transferencia de información, considerado por muchos como una moderna violación a la soberanía nacional, por medio del acceso legalizado a piezas de información digitalizada creada y producida por los ciudadanos de esos países.
Para Europa, por ejemplo, la cuestión es cómo conciliar esta cesión de datos personales amparada por la Patriot Act con la prohibición que impone la normativa europea en protección de datos a esta comunicación y cómo hacerlo en aquellos casos en los que la empresa es americana, pero tiene centros de tratamiento de datos en Europa. Si esto se hace realidad, las empresas americanas que tratan datos personales de ciudadanos europeos ya no podrán alegar la Patriot Act para respaldar la cesión de datos personales al Gobierno americano, pero ¿podrán Google o Microsoft alegar la normativa europea ante el Gobierno americano para justificar su negativa a la hora de facilitar dicha información?
Por su parte, el ministro de comunicaciones de Brasil, Paulo Silva, ha insistido en la necesidad de exigir que empresas como Google, Facebook y otras almacenen sus datos en Brasil y no en servidores norteamericanos, como está propuesto en el proyecto de ley de internet en discusión en el Congreso brasileño.
El debate continua, y hay antecedentes de cómo lo están tratando distintos países. El balance entre privacidad y seguridad es difícil de conseguir dada la configuración y la trans-fronterización que los datos hacen cada segundo, sin detenerse, por ahora, a considerar si requieren visa para pasar de un país a otro a la velocidad de la luz.
